Red Solidaria Itaca

Valoración de la Ley FIEM desde la Campaña “¿Quién debe a Quién?” .

Red Solidaria Itaca — 2010-08-14T12:58:18Z

LEY 11/2010, de 28 de junio, de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española

Valoración desde la Campaña “¿Quién debe a Quién?”

26 de julio de 2010

Cada año el Estado español destina millones de euros de las arcas públicas al apoyo de la internacionalización de la empresa española, o sea, de las transnacionales españolas, mediante diferentes mecanismos. En la compleja arquitectura se destaca el caso de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) el principal instrumento financiero utilizado por el Estado con dicho fin.

Su principal objetivo radica en facilitar la internacionalización del sector privado, mediante la cobertura de riesgos de impacto derivados de las ventas de productos y servicios de empresas españolas en los mercados exteriores. Mediante este tipo de seguros el Estado asume riesgos políticos que podrían afectar operaciones empresariales en el exterior (sea inversión directa, sean exportaciones). El gobierno español dispone de la mayoría de las acciones de CESCE (50,25%).

¿Qué implica este apoyo público por medio de CESCE? Para las empresas, sin lugar a dudas, un apoyo sustancial. En 2009, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fijó en 4.547,28 millones de Euros el límite máximo de cobertura en los seguros emitidos por CESCE por cuenta del Estado, y en 2010, esta suma se ha duplicado alcanzando los 9.000 millones de Euros. En cambio para los países del Sur, donde tienen lugar las inversiones aseguradas por CESCE, esto implica con frecuencia un incremento de la Deuda externa, es decir, una de las principales causas de su empobrecimiento.

http://www.quiendebeaquien.org/spip...

El Gobierno español cancela la deuda externa con Haití

Red Solidaria Itaca — 2010-07-24T11:10:36Z

13 de julio de 2010

Fuente; Quien debe a Quien

La campaña ¿Quién debe a quién? recibe con satisfacción que el Gobierno haya cumplido con las demandas de muchas organizaciones sociales y 82 ayuntamientos quienes apremiaron el ejecutivo español a que ejecutase sin condiciones la cancelación de la deuda haitiana después del terremoto.

Esta semana se cumplen seis meses desde el terremoto que dejó en Haití a más de 200 mil muertos, más de un millón de damnificados y desplazados, y todo un país por construir. Entre las reacciones que siguieron al terremoto, organizaciones sociales e instituciones de diferente índole clamaron por la cancelación de la deuda que los acreedores internacionales reclamaban a Haití. Seis meses más tarde el Gobierno español ha cumplido con la promesa de cancelar la deuda bilateral que reclamaba a Haití.

Aunque en julio de 2009 la comunidad internacional acordó una importante reducción de deuda externa para Haití, en el marco de la Iniciativa HIPC, en enero de 2010 la deuda haitiana ascendía aún a 891 millones de dólares, principalmente con instituciones como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial, y países como Taiwán o Venezuela. La sociedad civil a nivel internacional clamó en aquél momento por una cancelación total e incondicional de la deuda de Haitíi. De los principales acreedores, sólo el FMI tiene pendiente concretar la cancelación de la deuda haitiana, mientras Banco Mundial, BID, Taiwan y Venezuela han anunciado a lo largo de los últimos seis meses sendas cancelaciones.

En el momento del terremoto Haití tenía aún pendiente con el Gobierno español una deuda externa de 27,6 millones de euros, aunque la cancelación de dicha deuda se había acordado en junio de 2009, ésta no se había hecho aún efectiva y no se conocían las condiciones de dicha cancelación.

En aquél momento la Campaña ¿Quién debe a Quién? y más de 50 ONGs catalanas y del Estado español demandaron al gobierno la “cancelación del 100% de la deuda, sin condiciones, y no de forma parcial ni en el marco de un acuerdo de conversión de deuda como pretende el ejecutivo español”.

También diferentes partidos políticos se sumaron a la propuesta de las ONG de exigir al Gobierno que acelerase la cancelación de deuda haitiana. Finalmente, 82 ayuntamientos de todo el Estado han aprobado a lo largo de estos meses en sus plenos municipales mociones de apoyo con Haití en la que reclamaban al Gobierno la cancelación de la deuda haitiana.

En este sentido, y después de recibir las múltiples demandas de la sociedad civil, partidos políticos de la oposición y administraciones municipales de todo el Estado, el Gobierno español ha comunicado que en junio de este año se han acabado los trámites de la cancelación de la deuda de Haití. La cancelación se ha realizado, tal y como reclamaba la sociedad civil, sin condiciones y por un total de 38 millones de dólares y 1,7 millones de euros. El Gobierno no ha emitido ningún comunicado al respecto pero fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda han confirmado estos datos al Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), miembro de la campaña ¿Quién debe a Quién?.

Recibimos con satisfacción esta noticia, sin duda influenciada por la presión política ejercitada desde ONG, movimientos sociales, partidos políticos y ayuntamientos. Esta cancelación debería ser el primer paso para un reconocimiento y restitución de las deudas históricas, ecológicas y sociales que los países del Norte tenemos con Haití.

La larga historia de colonialismo y ocupaciones que ha sufrido el país, empezando por las colonizaciones española y francesa, y siguiendo por el intervencionismo norteamericano, que han dado lugar a injustas relaciones comerciales con el país, explotando sus recursos naturales y a sus trabajadores, han generado una importante deuda histórica.

Dicho intervencionismo ha continuado en el diseño y ejecución de la ayuda humanitaria y de reconstrucción post-terremoto. Esperamos que el Gobierno español apueste a partir de ahora por una reconstrucción protagonizada por y decidida desde el pueblo haitiano, respetando su soberanía e independencia

European Parliament resolution calls for EU progress on aid and capital flight

Red Solidaria Itaca — 2010-07-24T11:00:54Z

14 July 2010

On 15th June the European Parliament passed a resolution on progress towards the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs): mid-term review in preparation for the UN high-level meeting in September 2010. This resolution sets out a number of recommendations for EU Member States ahead of the summit. It acknowledges that “ all eight MDGs are currently off-target” and asks member states to adopt a leading, ambitious and united position to meet the MDGs before the 2015 deadline.

Overall, this resolution is more ambitious than the position adopted by EU Member States in the June Council Conclusions on development and follows the path of other parliamentary resolutions such as the Guerrero and Domenici reports. However, the report on MDGs as adopted by the Development Committee was watered down in the vote held in the plenary session of 15th June. The proposals of an interest-free moratorium and a tax on currency and derivatives transactions to fund the MDGs were rejected by the plenary.

The resolution's call “not to broaden the definition of Official Development Aid (ODA) or count debt cancellation or other non-ODA financial flows as aid spending” is welcome at a time when the European Commission and Member States are attempting to further inflate ODA through “ODA+” or “whole-of-country “approaches. In this sense, the resolution's insistence that climate funds should be “genuinely additional to existing aid commitments” is a welcome one. Furthermore, while the resolution reaffirms Member State obligations “to meet their 0.7% aid promises by 2015 at the latest”, it does not note their failure to collectively meet the 2010 targets, nor is there an analysis of how to bring this about or of how to avoid non-compliance in the future.

The call to untie all aid is a positive step- it will increase value for money and multiply the impact of ODA on economic development in recipient countries. The OECD has calculated that tying aid increases the costs of development projects by 15 to 30% due to limited competition. Aid tying also excludes firms from developing countries from obtaining contracts and thus prevents job creation and income generation in the South.

The call to “introduce enhanced accountability measures” and an “ODA peer review process” is a step in the right direction, but the resolution does not clearly specify how these initiatives should be implemented. ODA peer reviews already exist (for OECD DAC members), and while useful, they have proven to be insufficient.

Equally, the call to increase budget support is good news as this may improve ownership, predictability and ultimately the effectiveness of ODA. Similarly, the call on developing countries “to involve parliaments, local government, civil society and other non-state actors at all stages of policy formulation and implementation” is a crucial step to further develop the central aid effectiveness principle of ownership from country ownership to democratic ownership.

Tackling tax havens through greater transparency and country by country reporting

The resolution recognises that illicit capital flows “undermine developing countries' capacities to generate their own resources and allocate more funds to poverty reduction”. It also “calls on all the Member States actively to crack down on tax havens, tax evasion and illicit financial flows, within the G20 and UN framework”. In order to do so and to mobilise domestic resources to achieve the MDGs, the resolution proposes enhancing tax transparency by improving international accounting standards, adopting a country by country reporting standard and the “systematic disclosure of profits made and taxes paid ” by firms operating in developing countries.

The resolution also “ calls on the EIB to review its policy on offshore financial centres on the basis of more stringent criteria than the OECD listing for the definition of prohibited and monitored jurisdictions, and to ensure its implementation and provide annual reports on progress”. However, the report sorely misses a mention of the need for a multilateral and automatic information exchange on tax matters- a necessary measure for achieving a truly transparent international tax environment that will benefit developing countries.

The resolution calls for support for administration in developing countries to become more transparent and accountable and for developing countries “to sign the UN Convention against Corruption”. While a necessary wake-up call, the EP should have also acknowledged that corruption is often driven by briberies by multinational companies, including from the EU, and facilitated by secrecy jurisdictions or tax havens. Equally, it should have recalled that some EU Member States have not yet ratified the UN Convention on Corruption.

Progress in lending and borrowing standards but stagnation on debt work out procedures

The European Parliament recognises the need to improve lending and borrowing standards. It “calls on all the Member States to support UN initiatives and take measures to increase lender and borrower responsibility in the context of sovereign debt transactions”. This is encouraging as several European governments are currently lowering due diligence standards while at the same time increasing funds available for private sector lending and investment in developing countries, therefore increasing the risk of new irresponsible loans. An EU initiative should build on the Eurodad charter for responsible financing which outlines key components of a responsible loan and investment contract. It should also include support for the UNCTAD project on responsible lending and borrowing.

The proposal of an interest-free moratorium was rejected by the plenary. Given the importance of debt resolution stated in MDG 8 and the increased risk of a new debt crisis in Low and Middle Income Countries following the global financial crisis, it is disappointing that the EP resolution ignores civil society and developing countries' demands to set up a fair and independent debt workout procedure. Existing debt relief mechanisms have proven incapable of solving previous debt crises and have not managed to prevent debt distress. Only by a comprehensive and independent mechanism holding lenders as well as borrowers to account for irresponsible behaviour can a new debt crisis be avoided.

Recognition of the UN as the main and more inclusive forum for global governance

The resolution acknowledges that the UN should be at the centre of the global governance system, above the G20 and the G8. Furthermore, it calls for a better representation of developing countries in the World Bank and IMF. This is a welcome step, but the resolution does not provide particular recommendations on how to proceed with this. CSOs have long called for a consolidated single EU seat at the Bretton Woods Institutions and for an increase in the proportion of developing country seats on the board so that each Executive Director represents a constituency of no more than 10 countries.

Policy coherence for development

The resolution correctly points out that poverty reduction through the achievement of the MDGs must be recognised unambiguously as the overarching framework for EU development policy and that this must be reflected clearly in all relevant policy “. This should especially apply to policies on financial regulation, including debt resolution mechanisms, and policies to fight capital flight.

G20 leaders turn their backs on development commitments

Red Solidaria Itaca — 2010-07-24T10:51:36Z

01 July 2010

Eurodad By Nuria Molina

Last week, the G20 leaders met in Toronto, Canada, but unfortunately they were strongly divided on the policies that are needed to ensure a global economic recovery. Most concerning is the G20 return to business as usual, of prioritising fiscal consolidation at a time when global recovery is still weak, and failing to deliver on key measures to regulate the global financial system.

Ninety million additional people will fall into poverty in 2010 as a result of the global crisis. The G20 Summit in Toronto was a golden opportunity to step up aid commitments, agree upon a financial transaction tax to raise new resources for development, reform the International Financial Institutions to make them deliver for the world's poor, and curb illicit flows from the South that drain much needed resources for development.

The G20 leaders failed on all counts, showing a shameful lack of urgency to correct the deep faults in the global financial architecture that hinder it from delivering for the poor.

Not much on offer for poor countries

At the time the G8 countries meet in Canada, only $12 billion ODA had been delivered. This falls $38 million short of their promise made in Gleneagles in 2005 to increase aid by $50 billion by 2010. As rich countries' freeze their aid budgets, the G8's vague reference to “reaffirm our commitments, including on ODA and enhancing aid effectiveness” is most concerning. No new resources are identified, and most of the numbers given are simply “old money, re-pledged, recycled and renamed,” according to Mark Fried from Oxfam.

Two days later, the G20 did not make up for the G8 failure to reaffirm their ODA commitments. The G20 leaders stated they would “narrow the development gap and … consider the impact of our policy actions on low-income countries”, but they did not dare to translate their promises into action and ensure that the poor do not have to pay for the crisis that originated in the North.

G20 leaders also missed the golden opportunity to tax financial transactions to raise new funds for the world's poor. “It's disturbing that the most far-reaching proposal the G20 leaders can muster is for bank taxes that will do little to prevent another economic melt-down. A Financial Transaction Tax (FTT) – a small tax on all financial trading – would both tame destabilising financial speculation and provide hundreds of billions for development and climate adaptation. “But sadly, no concrete progress has been made in Toronto for this” said Soren Ambrose from Action Aid.

Nothing new on International Financial Institutions reform

On IFI reform, the G20 declaration commits to “strengthening the legitimacy, credibility and effectiveness of the IFIs to make them even stronger partners for us in the future.” Unfortunately, the declaration fails to put forward an action plan to address long overdue reforms at the IFIs to ensure that they help, rather than hinder, sustainable development for the world's poor.

The declaration welcomes the “$350 billion in capital increases for the Multilateral Development Banks (MDBs), allowing them to nearly double their lending;” and the “commitment to ensure an ambitious replenishment for the concessional lending facilities of MDBs, especially the International Development Association and the African Development Fund.” It endorses the “voice reforms agreed by shareholders at the World Bank;” and calls for an “acceleration of the substantial work still needed for the IMF to complete the quota reform by the Seoul Summit and in parallel deliver on other governance reforms.”

Unfortunately, none of these measures address civil society demands to fix longstanding flaws in the way the IFIs provide financial support to poor countries. In a briefing published just before the G20 leaders met in Toronto, “Making the grade? The G20's commitments to the world's poorest,” Jubilee USA warned that increased lending by the IFIs is hardly going to the poorest countries. Instead, the funds come mostly in the form of loans – not grants – thus increasing the risks of a new debt crisis in poor countries. In addition, current voice and vote reforms endorsed by the G20 have not substantially increased the voices of the poorest countries at the boards of the IFIs.

The main highlight of the strategic directions given to the MDBs by the G20 is the encouragement to support “private sector development, including through more private sector operations and investment.” Although a vibrant private sector is fundamental to ensure economic growth, this needs to go hand in hand with the establishment of a set of binding standards for responsible finance. However, no steps in this direction have been proposed.

Turning a blind eye to piling debt levels in poor countries

Virtually all the new funding agreed by the G20 at their Summit in London in April 2009 to help developing countries cope with the effect of the global crisis – and channelled by the IFIs – was in the form of loans, rather than grants. This increase in loans poses serious risks of a new debt crisis in developing countries, which the G20 simply addressed by flexibilising the IFIs debt sustainability framework. By tweaking the way in which they assess whether a country is in debt distress, the IFIs simply turn a blind eye to higher levels of developing countries' debt, consequently threatening their future.

Grand announcements of debt cancellation for Haiti, “including the full cancellation of all of Haiti's IFI debt,” are nothing new, only a recognition of agreements made by the IFIs already in the wake of Haiti's earthquake, a result of a strong CSO campaign to push forward debt cancellation for Haiti.

Short in action for curtailing illicit outflows

Most disappointing was the failure to acknowledge the importance of curtailing illicit financial outflows from developing countries in the G20 declaration. "The G20 seems intent on pumping money into lending bodies for development work but the annual loss of $1 trillion a year from developing countries will continue to dwarf development aid and undermine all efforts to foster robust and sustained economic development until corrective action is taken," said Global Financial Integrity Director, Raymond Baker. Unfortunately, the official statement from Toronto reveals a continued failure to grasp key linkages between financial opacity in the global financial system and illicit financial outflows from developing countries.

On a positive note, the G20 "encouraged the International Accounting Standards Board to further improve the involvement of stakeholders, including outreach to emerging market economies, within the framework of the independent accounting standard setting process." Although vague in their phrasing, this could potentially be a step forward towards the improvement in the governance structures of the most influential body that sets accounting standards for multinational companies operating in the South.

The G20 leaders also “agreed to consider measures and mechanisms to address non-cooperative jurisdictions based on comprehensive, consistent and transparent assessment … with the support of the international financial institutions (IFIs).” Cracking down on tax havens is not a new call by the G20. Unless specific sanctions for tax havens are envisaged and the OECD criteria for identifying secrecy jurisdictions is seriously reviewed, general calls will not make the grade.

What next now?

A notable action taken is the establishment of a Working Group on Development “mandated to elaborate, consistent with the G20's focus on measures to promote economic growth and resilience, a development agenda and multi-year action plans to be adopted at the Seoul Summit.”

If the G20 is not to once again fail the world's poor in Korea, they will have to take resolute action, as opposed to where G20 leaders could only agree to disagree in Toronto. Concrete measures to regulate global finance to make it work for the world's poor countries are urgently needed, including:

• Establishing a binding framework of responsible finance standards, for both public and private financial flows to developing countries. It should include provisions for an independent and transparent debt work out procedure to address debt disputes in case of repayment difficulties or over the legitimacy of debt claims.

• Agreeing upon a clear set of binding measures to combat capital flight and tax evasion. These should include a country by country reporting standard for multinational companies and a multilateral framework for automatic information exchange.

• Ensuring that aid targets and aid effectiveness commitments are met by establishing binding legislation. Innovative sources are also needed to make development finance more stable, predictable and equitable.

• An in-depth reform of the International Financial Institutions to ensure greater voice and representation for developing countries and policy space to adopt alternative macroeconomic policies that accommodate growth and development oriented strategies.

It is not too late. More than ever a responsible finance framework is needed to ensure a decent and equitable future for the people of developed and developing countries. The principles, mechanisms, and proposals are out there. Putting them into practice just takes courageous and decisive political will.

El PNUD presenta el primer Informe Regional sobre Desarrollo Humano

Red Solidaria Itaca — 2010-07-24T10:42:39Z

Fuente; PNUD

23 de julio 2010

El PNUD presenta el primer Informe Regional sobre Desarrollo Humano.

"La desigualdad es un obstáculo para el desarrollo humano en América Latina y el Caribe".

San José de Costa Rica, 23 de julio de 2010—América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Diez de los quince países con mayores niveles de desigualdad se encuentran en la región. Esta desigualdad es alta, persistente, se reproduce en un contexto de baja movilidad social y supone un obstáculo para el avance en desarrollo humano. Según señala el primer Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe “Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad”, presentado hoy en San José de Costa Rica, se necesitan políticas públicas específicas, integrales y eficaces para reducir la desigualdad.

Sí es posible reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe, afirma el Informe. El estudio propone diseñar y aplicar acciones con un triple enfoque para superar la trampa de desigualdad en que ha caído la región. Estas políticas públicas específicas deben llegar a la gente (Alcance), contemplar el conjunto de restricciones que perpetúan la pobreza y la desigualdad (Amplitud) y las personas deben sentirse y ser agentes de su propio desarrollo (Apropiación).

Según el Informe del PNUD, existen mecanismos tanto a nivel de los hogares como a nivel del sistema político que refuerzan la reproducción de la desigualdad. Entender de manera más clara estos mecanismos permitirá diseñar políticas que superen el combate a la pobreza y reduzcan con mayor efectividad la desigualdad en la región.

En palabras del Director Regional del PNUD, Heraldo Muñoz, “este Informe plantea como mensaje central que la reducción de la desigualdad debe ser la prioridad política en la región. Para lograr dicha reducción de manera sostenible, es necesario incidir sobre los mecanismos que la hacen persistente y que vinculan estas desigualdades entre generaciones”. “Los países de América Latina y el Caribe siguen siendo los campeones de la desigualdad en el mundo. La explicación se encuentra en lo que en el PNUD hemos llamado nuevos márgenes de desigualdad. Hoy, si bien la cobertura de servicios públicos se ha ampliado en la mayoría de los países, la desigualdad se refleja, por ejemplo, en brechas de calidad”. “El Informe es un llamado a romper el círculo vicioso histórico de la desigualdad, actuar hoy a favor del futuro de nuestros pueblos”, agregó.

La Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, destacó el valor del Informe pues “el éxito de la gestión de gobierno depende del aprovechamiento de datos existentes, como los aquí ofrecidos”. “La transferencia intergeneracional de la desigualdad nos presenta una faceta importante del desarrollo humano, que exige una especial atención de nuestra parte. Este informe señala que la desigualdad importa en sí misma. Debemos entonces hacer de ella una preocupación, y de allí una política en las agendas de desarrollo de la región y de los países”. “Es nuestra obligación que los frutos del desarrollo contribuyan al bienestar general y no de unos pocos”, agregó.

Las mujeres y la población indígena y afrodescendiente son los grupos más afectados por la desigualdad. Las mujeres de la región reciben un menor salario que los hombres por igual trabajo, tienen mayor presencia en la economía informal y acarrean con una doble carga laboral. Por su parte, el doble de la población indígena y afrodescendiente vive con 1$ por día, en promedio, respecto a la población eurodescendiente.

El informe elaborado por PNUD presenta también una novedosa medición que muestra cómo la desigualdad impacta al desarrollo humano. Según esta estimación, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países de la región disminuiría, en promedio, entre 6% y 19% si se corrigiera atendiendo a la desigualdad.

Rebeca Grynspan, Administradora Asociada del PNUD, señaló que “la desigualdad es una fuente de vulnerabilidad social. Es por esto importante, como lo señala el informe, avanzar en el conocimiento de los factores que explican la desigualdad en desarrollo humano en América Latina y el Caribe y su persistencia de una generación a otra. Ello permitirá proponer un marco consistente para el desarrollo de políticas específicas que promuevan dinámicas de igualdad en materia de desarrollo humano”.

La nueva política integral y específica que se propone para reducir la desigualdad en la región debe incidir sobre las condiciones objetivas de los hogares y las restricciones que enfrentan, sobre aspectos subjetivos que determinan autonomía y aspiraciones de movilidad. La calidad y eficacia de la representación política y la capacidad redistributiva del Estado son otros de los factores a atender, según el Informe.

El estudio señala que las políticas públicas más extendidas en la región se han enfocado en aspectos específicos del combate a la pobreza sin considerar la integralidad de la condición de privación y su relación sistémica con la desigualdad. El Informe también muestra que el nivel de ingresos o el nivel educativo, entre otros factores, están detrás de la reproducción de situaciones de desigualdad en desarrollo humano. Sin embargo, existen otras causas estructurales de origen político y social que reflejan factores históricos, falta de igualdad de oportunidades y de acceso a las relaciones de poder, con situaciones de exclusión, opresión y dominación.

“Para romper la transmisión de la desigualdad es necesario implementar políticas sociales integrales, financiadas con estructuras fiscales más progresivas”, dijo Luis Felipe López Calva, economista Jefe del PNUD para América Latina y el Caribe. La reducción de la desigualdad contribuye a crear sociedades conectadas donde el crecimiento económico y la cohesión social se fortalecen. Por el contrario, la desigualdad reproduce desigualdad, tanto por razones económicas como por razones de economía política, concluye el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010.

El acto de lanzamiento del Informe fue presidido por la primera mandataria costarricense, Laura Chinchilla, junto a la Administradora Asociada del PNUD, Rebeca Grynspan y el Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Heraldo Muñoz.

Para acceder al Informe sobre Desarrollo Humano y a todo el material de prensa, visite:

www.idhalc-actuarsobreelfutu...

Sentencia Tribunal Permanente de los Pueblos (Madrid, 14-17 Mayo, 2010)

Red Solidaria Itaca — 2010-07-06T09:43:14Z

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

SESION LA UNIÓN EUROPEA Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN AMÉRICA LATINA : POLÍTICAS, INSTRUMENTOS Y ACTORES CÓMPLICES DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS SESIÓN DELIBERANTE

Universidad Complutense de Madrid, Auditorio de la Facultad de Matemáticas Madrid, 14-17 de mayo 2010 SENTENCIA

I. INTRODUCCIÓN

1. Historia y legitimidad del Tribunal Permanente de los Pueblos Esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) pone fin a una trayectoria iniciada en Viena, en mayo de 2006, donde se aceptó la petición presentada por la Red Birregional Enlazando Alternativas de investigar en qué medida la política de las empresas transnacionales (ETNs) y el rol específico de la Unión Europea (UE) en las relaciones con los Países de América Latina y el Caribe, se traducían en violaciones de derechos humanos y del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Después de dos años de intenso trabajo identificando y documentando casos, en el mes de mayo de 2008, siempre en coincidencia temporal con las Cumbres de los Pueblos alternativas a la Cumbre de los jefes de Estado de los Países de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe, la Sesión de Lima se centró y deliberó sobre las consecuencias y las responsabilidades de las actuaciones de las ETNs. Los contenidos de la presente sesión deliberante se refieren específicamente a las responsabilidades de la UE, que incluyen e integran también los elementos de análisis y de juicio ya contenidos en la sentencia de Lima.

El significado y el marco de referencia de esta sentencia se comprenderán mejor si antes se alude al acervo doctrinal acumulado en los treinta años de actividad del Tribunal, y a su relación con los Países de América Latina y el Caribe.

El papel central del poder económico transnacional y de sus alianzas estructurales con los actores institucionales estatales conecta con las raíces mismas del TPP, que es expresión y consecuencia directa del Tribunal Russell II sobre las dictaduras en América Latina (1972-1975). Éste dedicó una sesión (en la ciudad de Bruselas), al papel de las ETNs, con el resultado de una reflexión luego tomada en cuenta para la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976), finalmente adoptada como Estatuto formal del TPP. La afirmación de la necesidad y la legitimidad de un derecho de los pueblos capaz de contrarrestar la tendencia del derecho internacional a negar la obligatoriedad del reconocimiento de los mismos como poseedores y titulares de derechos no ha perdido relevancia en el momento y el contexto actuales.

“Vivimos en tiempos de grandes esperanzas y de profundas inquietudes” : las palabras contenidas en el preámbulo de la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos parecen evocar lo que ya Lelio Basso escribió acerca de las conclusiones de la sesión de Bruselas del Tribunal Russell II. “Las líneas de desarrollo puestas en marcha en el mundo no dejan ninguna duda sobre el hecho de que, si no se encuentran alternativas a estas tendencias, nos dirigimos hacia un mundo en que el poder de pocos centenares de seres humanos (dirigentes políticos, económicos y militares), kafkianamente lejanos e inaccesibles, en muchos casos totalmente desconocidos, dejarán a la mayoría de los hombres, como únicas posibilidades, las de ser esclavos, eliminados o excluidos”.

A lo largo de toda su historia, el TPP ha sido testigo de la acentuación de las diversas formas de violación de los derechos fundamentales y del derecho a la autodeterminación de los pueblos por parte de las ETNs. Y, a la vez, de la escasa efectividad de un derecho internacional que, en el modo de hacer frente a los crímenes económicos y sus actores, sigue reflejando la ambivalencia de sus orígenes, que están en la justificación y legitimación de la conquista de América, (objeto de la sentencia sobre La conquista de América y el derecho internacional, Padova-Venecia, 1992). El derecho internacional es todavía, sin duda, un orden imperfecto, y más si se considera que la Corte Penal Internacional ha excluido de su competencia los crímenes económicos, lo que equivale a imposibilitar el enjuiciamiento efectivo de un ingente número de acciones asimilables a violaciones del derecho a la vida.

Para que se entienda el marco de referencia de esta sesión, hay que destacar también la doctrina elaborada en las sentencias del TPP relativas a Las políticas del Fondo Monetario Internacional (Berlín 1988 ; Madrid 1994) ; Amazonia brasileña (París, 1990) ; La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina (Bogotá, 1991) ; La conquista de América y el derecho internacional (Bogotá, 1992) ; El desastre de Bhopal y la irresponsabilidad corporativa (Bhopal, 1991, Londres, 1994) ; Las corporaciones transnacionales y las industria textiles del vestido y de la indumentaria deportiva, y sus impactos sobre los derechos laborales y el medio ambiente (Bruselas, 1998) ; Las malas prácticas de las corporaciones transnacionales (Warwick, 2001). Es importante, finalmente, situar los casos examinados, los criterios de análisis y las decisiones contenidos en esta sentencia en el contexto más próximo de la especial atención que el TPP ha dedicado a los Países de América Latina en los últimos cinco años, a través de dos líneas de trabajo desarrolladas de manera independiente, pero con evidente complementariedad metodológica y doctrinal. Son las relativas a :

a) Colombia, verdadero laboratorio extremo donde se ha producido una situación de impunidad sustancial de los peores crímenes de lesa humanidad, incluidas verdaderas formas de genocidio, que se mantiene a pesar de lo incuestionable de las evidencias, ante la indiferencia nacional e internacional (Sesión sobre Empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia, 2006-2008) ;

b) las realidades de América Latina y el Caribe, consideradas en su conjunto, que, a través de las diversidades de los contextos políticos y sociales, ilustran sobre el carácter sistemático y la general equivalencia de las políticas europeas enjuiciadas.

En cuanto al método seguido en la preparación y calificación de todos los supuestos, interesa subrayar que :

se ha mantenido una estrecha relación con las comunidades locales, en su papel fundamental de testigos directos ; se han comprobado los datos en distintos momentos (también a través de análisis de casos ya considerados en las sesiones antecedentes) ;

se han realizado análisis puntuales de los casos individuales, en una perspectiva de comparación (en cada país y entre países), tanto desde el punto de vista de los hechos como del derecho ;

se ha recogido documentación escrita y visual, ampliando y enriqueciendo la aportada a las anteriores fases del proceso, de toda la cual ha hecho uso el TPP en esta sesión.

Es por lo que los casos aquí presentados como bases empíricas del juicio (véase la tabla abajo), deben ser considerados no aisladamente en su significación individual, sino como expresión de un muy amplio espectro de violaciones y responsabilidades, que, por el carácter sistemático de las prácticas correspondientes, configuran toda una situación, que ilustra con total claridad sobre el verdadero papel tanto de las ETNs europeas, como de la UE (y sus Estados miembros), y de los Estados de América Latina. En tal sentido, las conclusiones de esta sentencia son igualmente pertinentes para todos y cada uno de los supuestos. En las fichas de casos del anexo 2, que son también parte de esta sentencia, se incluye una calificación aún más específica en términos de violaciones y de responsabilidad...

http://www.enlazandoalternativas.or...

Evaluación del Programa de Acción de Accra desde la perspectiva de la sociedad civil

Red Solidaria Itaca — 2010-06-30T11:13:49Z

Fuente; Betteraid, Aaron Stolberg

10 de febrero 2010

Antes del Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Accra, una amplia coalición de más de 380 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de 80 países presentan 16 recomendaciones. La intención era la voz de las OSC críticas y preocupaciones acerca de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda y su aplicación y que requieren un marco de cooperación al desarrollo más incluyente y sostenible.

El propósito de este trabajo es evaluar el grado en que estas 16 recomendaciones quedaron reflejadas en la Agenda de Acción de Accra (AAA), así como para empezar a mirar los retos futuros. La intención es que esta evaluación sirva de punto de referencia para las OSC y otros actores del desarrollo comprometidos con los esfuerzos continuos para promover la eficacia del desarrollo.

http://www.betteraid.org/images/Doc...

El consejo de ministros aprueba el Real Decreto por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la Cooperación Internacional .

Red Solidaria Itaca — 2010-06-30T08:56:58Z

Fuente; Coordinadora de ONGD-España.

25 de junio de 2010

Después de largas negociaciones entre la Vicepresidencia del Gobierno, los Ministerios de Exteriores y de Economía y la sociedad civil (representada por la Coordinadora ONGD-España), el Consejo de Ministros aprobó el miércoles 16 de junio, el Real Decreto por que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la Cooperación Internacional.

La Disposición Adicional 18 de la Ley General de Subvenciones establecía que el Gobierno aprobará por Real Decreto las normas especiales reguladoras de las subvenciones de cooperación internacional. Con este real decreto se desarrolla las especificidades propias del ámbito de la cooperación y regula los tres tipos de categorías de de subvenciones y ayudas enmarcadas en el campo de la cooperación Internacional:

a) Subvenciones y ayudas de cooperación internacional concedidas en desarrollo de la política exterior del Gobierno.

b) Subvenciones y ayudas de cooperación internacional para el desarrollo sometidas a los principios de publicidad y concurrencia.

c) Subvenciones y ayudas de concesión directa para intervenciones en el campo de la acción humanitaria.

Esta regulación, largamente demandada por las ONGD, es una de las iniciativas recogidas en el Pacto de Estado contra la Pobreza y, por tanto, fruto del consenso político y del diálogo con la sociedad civil. En un contexto de recortes de los fondos de Cooperación, y por tanto de un giro en las políticas gubernamentales de Desarrollo, esta noticia debe servir de ejemplo como apuesta por mantener el consenso y los compromisos de lucha contra la Pobreza en todos los ámbitos de la Administración. Con esta regulación se da un paso más en la transparencia y rigurosidad en la concesión y justificación de subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación.

El Real Decreto recientemente aprobado define un marco regulatorio que puede ser muy interesante como referencia para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, por ello animamos a que sea difundido y convenientemente adaptado a las regulaciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales; y todo ello en un contexto en el que con más fuerza que nunca queremos subrayar la necesidad de que la cooperación Descentralizada siga manteniendo los niveles de cantidad y calidad alcanzados en los últimos años.

BOE del 25 de junio de 2010 el Real Decreto 794/2010 de 16 de junio.

One step forward, two steps back? Missing pieces in the European Commission “April package”

Red Solidaria Itaca — 2010-05-05T11:02:51Z

One step forward, two steps back? Missing pieces in the European Commission “April package”

22 April 2010, EURODAD.

The European Commission has just released a package of Communications and Staff working papers that presents their position on aid effectiveness, tax and development and on progress towards achieving the EU commitments on Financing for Development (FfD) as agreed ahead of the UN Summit on FfD in Monterrey in 2002. This year's “April package” has a specific focus on “Getting the Millennium Development Goals back on track: a twelve point EU action plan”.

In the midst of concerns over the impact of the global crisis on development finance, Eurodad welcomes the Commission's recommendations to take binding measures at national level to ensure delivering on aid commitments. Most welcome is the ground-breaking emphasis made on the need to address capital flight from developing countries in order to retain much-needed resources for development. However, the “April package” turns a blind eye to key issues on aid, capital flight, developing countries' debt and the reform of the International Financial Institutions which are fundamental to support the world's poorest countries' recovery from the crisis, and to put in place reforms that contribute effectively to the achievement of the MDGs.

The main highlights of Eurodad response are summarised as follows:

Some steps in the right direction. The April package recommends: Enacting national legislation and establishing national ODA action plans, outlining how they aim to scale up and achieve the 2015 ODA targets. Setting up country-by-country reporting standards for multinational corporations, notably in the extractive sector. Consolidating European representation at the IMF and the World Bank in a single European seat.

What is sorely missing? Although the EC recognises a lack of progress in implementing aid effectiveness commitments, it fails to put forward innovative proposals to ensure progress on this front. While the analysis of the problems posed by illicit flows is good, recommendations are weak in terms of concrete commitments. Despite recognition of the risk of a new debt crisis, the package fails to provide any lasting solutions to the sovereign debt problem. The Commission proposes to – almost – extend a blank cheque to the International Financial Institutions without addressing most of the long-standing challenges of IFIs in delivering genuinely developing-country owned and effective development finance. There are no explicit commitments that climate finance is clearly additional to ODA, ensuring that it does not detract from already meagre aid budgets.

http://www.eurodad.org/whatsnew/art...

Informe de la Comisión sobre Eficacia de la Ayuda en el Sur: Evaluación de las limitaciones de la reforma en el Norte.

Red Solidaria Itaca — 2010-05-03T10:39:08Z

20 de abril 2010

Fuente; Eurodad y The Reality of Aid.

La mayoría de la investigación para hacer más eficaz la ayuda se llevan a cabo por expertos del Norte de los países en desarrollo. Para cambiar este patrón un grupo de cinco investigadores distinguidos y experimentados visitó cinco capitales de Europa y América del Norte con el objetivo de investigar las limitaciones de la eficacia de la ayuda. Se revisaron, por ejemplo, las actitudes y los incentivos de los donantes.

Acuerdos internacionales sobre eficacia de la ayuda, incluida la Declaración de París y la Agenda de Accra para la Acción, firmados implican medidas políticas, legales, cambios institucionales y de comportamiento de todas las partes. Se necesitan cambios en todos los niveles, incluso a nivel ministerial de los países donantes. ¿Cuáles son los retos para lograr una ayuda más eficaz? ¿Cuáles son las limitaciones que deben superarse en el Norte para aplicar los acuerdos de eficacia de la ayuda y la ayuda oficial al desarrollo como un instrumento más eficaz para lograr los objetivos acordados?

Ver documento completo (en inglés)

http://www.eurodad.org/whatsnew/rep...

http://www.realityofaid.org/