La propuesta del Gobierno es de aumentar el porcentaje de ayuda reembolsable, en forma de créditos a través del nuevo FONPRODE. Mientras el Pacto de Estado contra la Pobreza fijaba un límite del 5% de recursos de AOD en forma de créditos, la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, declaró el martes pasado en la comparecencia sobre el Plan de Acción de Cooperación Internacional (PACI 2010), que dicho límite está obsoleto y que en el marco de FONPRODE la intención del Gobierno es de priorizar la ayuda reembolsable. Para ¿Quién debe a Quién? este aumento es inaceptable, pues “agravará de forma irremediable la situación de sobreendeudamiento de los países del Sur”.
El Gobierno pretende de esta manera poder cumplir con el compromiso de llegar al 0’7% del PIB para cooperación en 2012, pero sin generar más déficit, como reclama el Ministerio de Economía y Hacienda. Pero de esta forma el Gobierno ignora las recomendaciones realizadas en el 2002 por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en cuanto a revisar la política de cooperación española en el sentido de conceder donaciones y no créditos a los países pobres. Países como Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos están por debajo del 5% de la AOD reembolsable. “Debemos apostar por no superar ese umbral, e incluso reducirlo a la mínima expresión, si queremos una cooperación de calidad”, afirma Dani Gómez-Olivé, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización y miembro de ¿Quién debe a Quién? Según Gómez-Olivé “la AOD debería concebirse como una herramienta de restitución ante las deudas históricas, económicas, culturales, ecológicas y sociales, que tenemos con los países del Sur, y dicha restitución ha de ser en forma de donación, nunca de crédito”.
A FONPRODE se añadirá el Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), un mecanismo de crédito para terceros países, ligado a la compra de bienes y servicios españoles, y creado en el marco de la reforma del sistema de apoyo a la internacionalización de la empresa española. De mantenerse la propuesta del Gobierno de que FIEM pueda contabilizar parcialmente como Ayuda Oficial al Desarrollo, se seguiría desvirtuando dicha Ayuda, al ligarla a intereses comerciales españoles, tal y cómo sucede en la actualidad con los créditos FAD.
Ambos mecanismos carecen, según ¿Quién debe a Quién?, de las necesarias herramientas de control, evaluación y rendición de cuentas, posibilitando la generación de más deuda ilegítima en los países del Sur. Tal y como denunció Maria García, del Observatorio de derechos humanos-DESC y ¿Quién debe a Quién?, en la comparecencia el pasado 15 de febrero en la Comisión de Cooperación del Congreso de Diputados, “tanto FONPRODE como FIEM carecen de regulación de obligado cumplimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas, corrupción, derechos humanos o financiación de proyectos con altos costes medio ambientales, económicos, sociales o culturales, entre otras”.
Las propuestas del Gobierno se han encontrado no sólo con la oposición frontal de un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, sino también de diversos grupos parlamentarios que han presentado numerosas enmiendas a las proposiciones de ley. Además, cerca de 700 ciudadanos y ciudadanas han querido participar en la ciberacción propuesta por ¿Quién debe a Quién?, enviando mensajes con las demandas de dicha campaña a los diputados y diputadas de las comisiones de Cooperación y Comercio del Parlamento, que deben discutir las propuestas de FONRPODE y FIEM respectivamente. Dichas demandas han recibido además la adhesión de más de un centenar de organizaciones a nivel local, estatal e internacional. Además, activistas de la campaña ¿Quién debe a Quién? en Madrid realizaron una acción simbólica el pasado 14 de febrero en un entierro de las posibilidades de acabar con la deuda externa.
El Gobierno español incumple así el mandato de la Ley de gestión de la deuda externa (38/2006), que lo emplazaba a abordar la cuestión de la generación de deudas externas, así como las demandas de la sociedad civil, que reclama desde hace años abordar la cuestión de la ilegitimidad de dichas deudas. Al contrario, para Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción y ¿Quién debe a Quién?, “el Gobierno pretende utilizar mecanismos generadores de deuda externa como falsa salida a la crisis económica y repitiendo los mismos errores del pasado. Sobre bases tan frágiles no se logrará una recuperación económica sostenible y se muestra una vez más la falta de responsabilidad y compromiso de nuestro Gobierno con los derechos humanos y el desarrollo sostenible de los países de Sur”.
Para ¿Quién debe a Quién?, en caso de tirar adelante tal y como los propone el Gobierno, FONPRODE y FIEM supondrán un retroceso abismal en la lucha contra la pobreza y la deuda externa. Por ello la campaña considera urgente que el Gobierno considere las demandas que le han presentado y mantener vías de participación de la sociedad civil en las siguientes fases de discusión de ambas leyes.
